La Corriente Nacional por la Producción y el Trabajo es integrada por organizaciones vinculadas a la agricultura familiar y a la industria, conjuntamente con entidades sindicales, como la Fonaf, Gestara, CNCT, Facal, ATE Verde y Blanca, CTA de los Trabajadores, Fundación Germán Abdala y Apinta, entre otras.
El abastecimiento de alimentos en la Argentina no puede quedar en
manos de un complejo de empresas fuertemente cartelizadas y de
origen multinacional.
Ya es momento de que el Estado argentino se decida a jugar un rol
protagónico en este sector clave de la vida nacional.
La cuestión del abastecimiento de los alimentos a la
población es un aspecto clave de la política de cualquier país.
Por la diversidad y complejidad que conlleva es un objetivo
estratégico de la acción de los gobiernos, incluso superando
muchas veces las diferencias de los modelos económicos
sociales.
La seguridad y soberanía alimentaria fue a lo largo de la
historia humana un objetivo de primer orden y el fracaso en
garantizarlo, ya sea por catástrofes climáticas o por
incapacidad de los gobernantes, generó la decadencia y la
desaparición de pueblos y civilizaciones.
La alimentación es una condición necesaria para la salud y
el trabajo en todas sus expresiones. Ha sido utilizada, y sigue
siéndolo, como elemento de presión en la vida cotidiana, en
la guerra y la política. La destrucción de cosechas y cultivos,
el agio y la especulación, la expansión de los territorios y la
usurpación de tierras y corrimientos de fronteras, es una
incompleta descripción de los efectos que ha tenido y tiene
en la historia de la humanidad la cuestión alimentaria.
Hay pocas cosas que expresen mejor la soberanía de un país
que el abastecimiento nacional de los alimentos. Es difícil
pensar en la justicia social si los estados no ejercen un papel
determinante que permita a todos los ciudadanos acceder a
la comida como un derecho humano.
Nuestro país, pródigo en recursos naturales como pocos, provee al mundo de proteínas vegetales, harina de soja, aceites vegetales, maíz, trigo, carne bovina, aviar y porcina entre muchos productos más, con una potencialidad enorme para poder producir alimentos. Sin embargo, no puede garantizar una alimentación completa y sana para todos sus habitantes. En la Argentina hay hambre y malnutrición, no estamos garantizando la seguridad alimentaria para todos los argentinos.
Las gestiones neoliberales que asumieron después de los gobiernos peronistas implementaron políticas de ajuste, apertura de importaciones, libre circulación de capitales, achicamiento y desmantelamiento del Estado, eliminación de regulaciones y controles de precios. Las consecuencias son ya conocidas y reiteradas: pérdida de los trabajadores en el reparto de la renta, aceleramiento la inflación, devaluación de la moneda, aumento de la deuda externa, fuga de capitales, desindustrialización, privatización y extranjerización de empresas. El periodo más brutal por su profundidad y rapidez fue el gobierno de Macri, con las consecuencias más nefastas, después de haber vivido las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner que significaron revalorización del Estado, crecimiento económico, desendeudamiento y distribución de ingresos hacia los sectores asalariados y capas medias.
Hoy, la llegada al gobierno del Frente de Todos, ocurre en un momento muy difícil ya que a la situación heredada del gobierno neoliberal, se le suma la emergencia por la pandemia, poniendo a prueba su proyecto de desarrollo económico con soberanía y justicia social.
Los gobiernos neoliberales propiciaron que el sector agroalimentario fuera conducido por “la mano invisible del mercado”, logrando hacer de éste un gran negocio para los grandes capitales concentrados, agravando en muchos casos o directamente impidiendo el acceso a los alimentos de amplias capas de la población.
Por su posición dominante en el mercado interno, manipulan los precios a su antojo, someten financieramente a las pequeñas y medianas empresas y son, desde hace mucho tiempo, uno de los principales generadores del proceso inflacionario y devaluatorio en la Argentina.
Su importancia
En nuestro país el sector tiene especial relevancia económica ya que la industria de alimentos y bebidas genera más del 25 % del total del sector manufacturero argentino, convirtiéndose en el principal sector industrial de nuestro país, ocupando más de 350.000 puestos de trabajo (agroindustria).
Es tal el grado de concentración, que de las más de 14.500 empresas que integran el sector, solo 28 concentran el 80 % de los productos que se ofrecen en las góndolas del supermercadismo. De estas 28 empresas, 26 son multinacionales y solo 2, Arcor y Molinos son nacionales, pero fuertemente internacionalizadas.
En lo que hace al supermercadismo solo tres firmas, Carrefour, Cencosud (Vea, Jumbo y Disco) y Coto, concentran más del 70 % de las ventas del sector.
Por su posición dominante, subordinan a pymes del sector, pero también a laproducción primaria, en su gran mayoría perteneciente a la agricultura familiar. Estas últimas, tienen presencia determinante en las economías regionales; representan el 63% de los 250.000 productores agropecuarios del país, según el último Censo Nacional Agropecuario. Dan trabajo a cerca de un millón de trabajadores en forma directa, cifra
que puede ampliarse a 1,9 millones si se toman en cuenta los puestos indirectos, de acuerdo con informes del Departamento de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Características del sector Alimentario
Cuando no referimos a su complejidad, es porque sostenemos que el concepto de abastecimiento de alimentos no se mejora aumentando solamente la cantidad y calidad de esos productos (oferta), también es una cuestión de acceso de los consumidores (demanda), de logística, de inocuidad, de impacto ambiental, de afinidad cultural ya que
las formas y gustos de nuestra alimentación son una componente fundamental de nuestra identidad nacional; es decir que hay allí una integralidad que debe ser abordada simultáneamente, si se quieren obtener resultados duraderos.
En los últimos 50 años hemos asistido a profundos cambios en la producción, transporte, procesamiento, comercialización de los alimentos y cambios en los hábitos alimentarios.
En general pueden observarse diversos fenómenos tales como:
Concentración de la producción, procesamiento y logística; deslocalización de la producción primaria (pérdidas de producción local de cinturones verdes, granjas, (4 tambos) y de industrias procesadoras; extranjerización de empresas, cierre de una enorme cantidad de pequeñas explotaciones agropecuarias; alteraciones de los perfiles de consumo acentuándose peligrosamente los consumos de harinas, grasas y bebidas
edulcoradas en detrimento de frutas y verduras; alta diferenciación tecnológica entre grandes y pequeñas empresas; elevación de los costos de transporte y consecuente pérdida de competitividad de las economías regionales; ampliación de los márgenes de comercialización, presencia creciente del hipermercadismo y cadenas de proveedores con
rasgos de cartelización o directamente monopólicas.
En el interior del país, donde prevalecen los pequeños productores, las mejoras durante el gobierno de los Kirchner fueron modestas; hubo tracción de algunos productos por el mercado interno, pero otros siguieron con las mismas dificultades de años atrás; la comercialización de alimentos siguió un sendero privatizador y de pérdida de la producción local.
La expansión de la frontera agropecuaria generó nuevos conflictos por la posesión de la tierra y los recursos naturales en general (bosque nativo, acuíferos y humedales).
Todo se puso más difícil durante el gobierno de Mauricio Macri. Sus medidas de política hacia el sector agropecuario beneficiaron claramente al llamado «modelo agroexportador», integrado por grupos económicos nacionales y extranjeros que tienen inversiones en otros sectores de la economía; están entrelazados con bancos, hipermercados, fondos de inversión, constructoras, empresas multinacionales proveedoras de insumos y exportadoras de granos y productos derivados (aceites,
harinas, etc.).
Los cambios relativos de precios que impulsó el gobierno neoliberal, provocaron un gran aumento del diferencial entre los precios de los alimentos y el salario real de los trabajadores, lo que produjo una fabulosa transferencia de ingresos, empobreciendo a las clases populares lo que trajo aparejado la reducción del consumo de amplios sectores y el
crecimiento de la pobreza y la indigencia.
La situación actual
El nuevo gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tiene un enorme desafío. La crisis económica y social que dejó el macrismo, exigió desde el primer momento, abordar el abastecimiento de alimentos como una cuestión urgente.
Con buen criterio se implementó rápidamente el plan “ARGENTINA SIN HAMBRE”, que definió las prioridades y las líneas de acción para llegar a atender a los sectores más vulnerables.
Dice el plan nacional: COMER ES UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO. “No es lo mismo comer bien que no comer bien, porque el hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integralmente con recursos suficientes por parte del Estado y con el compromiso de todos los sectores de la comunidad nacional.”
Para objetivos tan fundamentales el gobierno pretende tener un rol de controlador de los precios y del abastecimiento. Para ello ha desarrollado diversos instrumentos como el programa de precios cuidados, el “Ahora 12”, la promoción de la ley de góndolas y otros.
Desde la “Corriente Nacional por la Producción y el Trabajo” consideramos que estas formas de intervenir en el sector agroalimentario son medidas de corto plazo. Si pensamos en un cambio sustancial, estratégico, son necesarias pero insuficientes.
Un ejemplo claro es lo que ocurre en estos días de coronavirus. Son momentos donde la crisis hace aflorar lo mejor y lo peor de nosotros. Por un lado, el pueblo argentino da muestras de solidaridad y entereza llevando adelante una cuarentena ejemplar. A la par de este esfuerzo colectivo, el gobierno de Alberto y Cristina genera medidas como la
tarjeta Alimentar, el bono IFE y apuntala a los sectores de las pequeñas, medianas y aun grandes empresas.
Pero por otro lado, hay grandes empresas de producción y comercialización del sector alimentario, que promueven la remarcación de precios para asegurarse ganancias extraordinarias.
LLEGÓ EL MOMENTO DE QUE EL ESTADO JUEGUE UN ROL
PROTAGÓNICO EN LA PRODUCCIÓN, COMPRA, DISTRIBUCION Y VENTA
DE ALIMENTOS.
Hay un debate en el sentido de impulsar el accionar estatal en favor de las mayorías populares. Los argentinos necesitamos que el estado nacional actúe en la coyuntura para resolver las situaciones acuciantes de los más desposeídos, pero que piense en abordar soluciones estructurales para un futuro diferente.
Seguramente crecerá el rol del Estado, particularmente en lo referido a la provisión de servicios considerados básicos, en lo regulatorio y en su ordenamiento. Y entonces nos preguntamos: ¿qué es más básico que la provisión de alimentos para una Nación?
Si la sociedad argentina ha naturalizado el rol protagónico del estado en la producción de combustibles a través de su empresa líder YPF y también corroborado lo fundamental que es poseer una línea de bandera como Aerolíneas Argentinas, como no va a estar totalmente a favor de la intervención estatal en la cuestión alimentaria?
Las propuestas
Nuestra propuesta sostiene dos cuestiones fundamentales: la democratización del acceso a los alimentos y el papel del Estado.
No se puede resolver la primera sin modificar el rol del Estado. Este por su fuerza de intervención, en sus distintos niveles Nacional, Provincial y Municipal con decisión política y sentido nacional, es el único que puede abrir un sendero de cambio estructural.
Es útil consultar una gran diversidad de leyes, planes, programas, proyectos, (nuevos y viejos), que seguramente serán de valioso antecedente para proponer una NUEVA POLÍTICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS que tenga al ESTADO como protagonista.
La democratización del acceso a los alimentos solo se logrará si logramos el
reconocimiento mutuo entre quienes producen los alimentos, quienes lo distribuyen y quienes lo consumen. Esto permitirá consolidar lazos y vínculos de pertenencia, como así también reconocerse como parte de un mismo proyecto nacional, de producción, trabajo y mejoramiento de la calidad de vida; generando condiciones para el mayor grado de
acercamiento entre productores y consumidores.
El Estado (en sus manifestaciones nacionales, provinciales y municipales), es un actor clave en cualquier política que pretenda modificar/mejorar el abastecimiento de alimentos; también es indispensable la participación de los diversos actores sociales que están involucrados en esta cuestión (organizaciones de productores, consumidores,
asociaciones, gremios).
Es fundamental crear mediante una Ley un instrumento de intervención del Estado en el sector, con formato de empresa estatal puro, o mixto, que contemple los intereses de la Nación, de las provincias y los municipios de todo el país.
La creación de una nueva cadena de supermercados publico/privados (estado y Cooperativas) que abastezca, principalmente a los sectores beneficiarios de la seguridad social, permitirá un verdadero control de los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad. Este nuevo tipo de comercialización deberá privilegiar como proveedores a los productores familiares, a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas agrarias y agroindustriales, traccionando sus producciones a la vez de
garantizar precios justos y evitar la inflación agregada.
También proponemos:
• Apoyar, promover y gestionar mecanismos de venta directa y/o provisión de productos de la Agricultura Familiar, a través de sus organizaciones, a diferentes Instituciones, organizaciones sociales, gremiales, barriales, organismos públicos, etc; garantizando la vinculación, apoyo en logística, acopio, fraccionamiento y prefinanciamiento de los mismos. Estimular el compre local en los pueblos y ciudades del interior.
• Consolidar y/o generar infraestructura básica local, pública estatal, y/o
comunitaria/asociativa para el acopio, transformación, transporte, acondicionamiento y venta de los productos alimentarios.
• Generar financiamiento directo (créditos-subsidios) para el aumento, mejora de la producción y comercialización de alimentos para los Agricultores Familiares, Emprendedores y Mi-Pymes dedicadas a la elaboración y/o agregado de valor a los productos alimentarios en origen.
• Conformar un equipo multidisciplinario estatal dedicado a diseñar, estudiar, centralizar y distribuir información referida a la producción, circulación, reglamentación y mercados de los productos alimentarios de origen agropecuario.
• Acceder al mercado a través de procesos asociativos que permitan organizar ferias locales para la comercialización de los productos.
• Organización de los productores a través de cooperativas para poder disminuir costos y a su vez promover la integración en la cadena productiva.
• Fomentar la producción agroindustrial nacional a partir de la integración de los entramados productivos basados en agregado de valor en origen, con una distribución equitativa de la riqueza producida, con desarrollo nacional de conocimiento y tecnologías
propias y apropiadas.
• Aumentos de la eficiencia productiva aplicando tecnologías de insumos y
procesos, que prioricen la generación de empleo, la distribución de la riqueza y la soberanía tecnológica.
• Un proceso de desarrollo tecnológico acompañado de un desarrollo
agroindustrial en origen, a partir de una reconfiguración de la estructura productiva basada en las pequeñas y medianas empresas, en la agricultura familiar, en las cooperativas que protejan y promuevan el trabajo y el arraigo; aportando a la diversificación de las matrices energéticas, a la sustentabilidad de los recursos tierra, agua y biodiversidad, articulando con un sistema de transporte y logística multimodal, que reactive y potencie los ferrocarriles.
• Urgente reglamentación de la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar 27.118 siendo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el órgano de aplicación, en su artículo 22 señala que “el Ministerio impulsará la realización de Ferias locales, zonales y nacionales, y pondrá especial énfasis en la conformación de una CADENA
NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias mixtas cuando resulten necesarias; la promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de valorización de los productos de la Agricultura Familiar”.
“La compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de
establecimientos productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el
Registro Nacional de Agricultura Familiar, (RENAF) tendrá prioridad absoluta en las contrataciones directas que realice el Estado Nacional para la provisión de alimentos en Hospitales, Escuelas, Comedores Comunitarios, Instituciones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional, Fuerzas Armadas y demás Instituciones Públicas dependientes del
Estado Nacional. A tal fin se deberán suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a cumplir”.
Solo hacemos referencia a algunas propuestas que destacan el espíritu de la ley que queremos propiciar. Sin duda será un aporte, unido al de otros actores políticos y sociales, que coinciden en la necesidad de abordar esta cuestión con la seriedad y determinación que el tema merece.
