EL RADICALISMO MENDOCINO SE DERECHIZA

POLÍTICA DE MENDOZA

El gobierno provincial de Cambiemos no detiene su plan de reformas regresivas

Por ALFREDO GUEVARA(*)

El miércoles por la mañana la Cámara de Senadores de Mendoza dio media sanción al proyecto elevado por el ex gobernador Alfredo Cornejo e impulsado por el actual, Rodolfo Suárez, para desmantelar la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes.

El organismo fue creado en 2011 como resultado del acuerdo suscrito por el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Penitenciarías de Mendoza, destinado a realizar visitas periódicas a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad a los efectos de prevenir la tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, conforme lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas.

Básicamente el gobierno provincial cambiemita se propone reducir de 12 a 2 la representación de organismos de Derechos Humanos para integrarlo con oficialistas y eliminar el concurso para la designación del procurador, sustituyendo ese mecanismo de selección por la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Así terminan con la Comisión mendocina, que tanto por la participación de las organizaciones de la sociedad civil, como por el mecanismo de designación del procurador, ha sido tomada como un ejemplo a nivel global por los organismos especializados.

El oficialismo decidió avanzar en soledad con su mayoría legislativa, desconociendo las notas enviadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, todos los bloques opositores y todos los organismos de derechos humanos de la provincia de Mendoza. Su aprobación implicará un quiebre del proceso de seguimiento del acuerdo de solución amistosa, una regresión y un incumplimiento de la resolución 84/11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que podría implicar la responsabilidad internacional del Estado argentino.

¡Para eso era!

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura ha sido una piedra en el zapato para los sucesivos gobiernos cambiemitas. Sus integrantes —cuya actuación se realiza ad honorem— son referentes del movimiento de derechos humanos que han documentado no solo los malos tratos y torturas sistemáticas en establecimientos carcelarios, sino también la persecución a manifestantes opositores detenidos en comisarías en cada protesta y la violencia institucional que se despliega en los barrios populares.

El procurador de personas privadas de libertad ya fue cooptado el año pasado mediante la designación irregular de un funcionario radical por parte de Cornejo. Suárez fue más allá, prohibiendo la entrada del Comité a las cárceles mediante memorándum del jefe del servicio penitenciario del 16 de marzo. Adujo para ello la emergencia sanitaria, contrariando las recomendaciones del Subcomité de las Naciones Unidas y las del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura. Tanto Suárez como Cornejo han restringido en forma sistemática el ingreso de sus miembros a lugares de detención. El poder controla, el panóptico observa, pero no se deja observar.

Se advierte un fenómeno de encarcelamiento masivo, que coloca a Mendoza con 322.9 cercana a los índices de Brasil (333), y alejándose de la media nacional (213) que explica en parte los verdaderos motivos de la iniciativa autoritaria.

También contribuye a explicar esta propuesta regresiva el hecho de que a partir de diciembre de 2015 y hasta la fecha se encuentra prohibida en los espacios públicos cualquier expresión opositora en Mendoza a través del dictado de leyes, ordenanzas y la criminalización de la protesta, como no ocurría desde 1983.

George Grosz, El interrogatorio

Según información que está siendo procesada por las distintas organizaciones que componen la Red por los Derechos Humanos de Mendoza, más de 75.000 personas han sido afectadas en forma directa por la represión policial por participar en protestas sociales pacíficas durante las gestiones de Cornejo y Suárez con un saldo de más de 300 personas imputadas o detenidas, lo que en proporción a la población pone a Mendoza a la cabeza de la criminalización de la protesta social en el orden nacional.

En declaraciones que trascendieron en un Zoom con empresarios mendocinos el pasado martes, Suárez admitió la amenaza de la  movilización popular como la que estalló a fin del año pasado que frenó la modificación de la ley que prohíbe la minería contaminante diciendo: “No había forma de resistir si los manifestantes entraban a la Casa de Gobierno”, calificando a amplios sectores de la sociedad como “profetas del miedo”, evidenciando lo difícil que resulta sentarse en la punta de las bayonetas.

Por otro lado, contribuye a explicar este proyecto autoritario la política de copamiento del Poder Judicial y todos los órganos de control, así como la omisión en la creación del Defensor del Pueblo y el órgano de revisión que ordena la Ley 26.657 de Protección de la Salud Mental.

La población total de Mendoza se acerca de los 2 millones de habitantes según la proyección censal de la Universidad Nacional de Cuyo. Conforme las estadísticas, ya sea por las políticas de encarcelamiento masivo, criminalización de la protesta y criminalización de la pobreza a través del código contravencional, la proporción de población disciplinada directamente por las violencias de Estado es cada vez mayor.

Sin embargo el conjunto de la sociedad no percibe el verdadero régimen autoritario que la alianza radical macrista ha provocado, porque la represión y el control social se ejerce contra determinados sectores excluidos intentando aislarlos aún mas del conjunto de la sociedad. Prueba irrefutable de ello es la doble vara utilizada por el gobierno: mientras reprime a trabajadores municipales que reclaman por salarios que no llegan a los $10.000 por recoger la basura en tiempos de pandemia, garantiza la libertad de expresión de las minorías del privilegio cuando la curva de contagios se incrementa peligrosamente.

La censura indirecta se impone mediante el manejo arbitrario de las pautas de publicidad oficial sin regulación legal, cuyo reparto se oculta cuidadosamente y que en los años 2016 a 2019 han tenido también un crecimiento espectacular a través de decretos que desviaron presupuesto de salud y servicios esenciales hacia la campaña electoral, sin contar los millonarios fondos de los cuales dispone el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y los municipios que domina el oficialismo para la manipulación de masas.

Las características del Estado autoritario que no logró consolidarse en el orden nacional por la fallida gestión macrista, persiste en forma precaria en enclaves como una Mendoza empobrecida que sobrevive dependiendo de fondos nacionales indispensables tras el ciclo de endeudamiento.

El radicalismo se derechizaconsolida su discurso de mano dura y lo ejerce como violencia de Estado en los territorios que domina. Confronta con los principios fundacionales de respeto de los derechos humanos de la democracia y las garantías constitucionales de la república para diferenciarse del gobierno nacional. Construye un enemigo, selecciona determinados tipos penales para la demagogia punitiva, excluyendo uno de los delitos más graves previstos en el código penal, que tiene carácter de crimen internacional conforme lo determina la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y que es definido en el Estatuto de Roma como de lesa humanidad cuando tiene carácter sistemático. Como lo describió brillantemente Bertolt Brecht, no hay peor fascista que un burgués asustado.

(*)Abogado especialista en DDHH

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