POR MARCELO COLUSSI:
Poder popular y construcción de comunidad, tal vez utópico, pero seguro es por ahí.
Sistematización realizada por Marcelo Colussi – [email protected]
En Guatemala, pequeño y olvidado país de Centroamérica que solo es noticia internacional cuando acontece una catástrofe (un desastre natural, un golpe de Estado, una connotada masacre), también hay profundos intereses por pensar críticamente el mundo, la sociedad, la forma en que vivimos. Pensar… y aportar propuestas superadoras, por supuesto.
La organización popular de extracción indígena campesina con un fuerte enfoque multicultural, la Asociación de Formación para el Desarrollo Integral -AFOPADI-, con la colaboración de la organización belga Broederlijk Delen (“Compartir fraternamente”, en neerlandés), se ha dado a la tarea, igual que mucha otra gente de distintas partes del planeta, de llevar a cabo esa reflexión. Según sus propias palabras “reflexionamos sobre el mundo prehispánico para retomar saberes, caminos, formas de ser y hacer comunidad. Luego nos internamos en el sistema mundo capitalista, eurocéntrico, patriarcal, genocida, ecocida, concluyendo que es un sistema que solo puede generar muerte, que está atentando con la supervivencia de la especie humana y que, por lo tanto, hay que estudiar para analizar y construir alternativas al capitalismo. Esta conclusión nos llevó a la reflexión sobre los distintos socialismos que en distintos momentos de la historia han surgido en diferentes sociedades y geografías de nuestro mundo”.
En otros términos, se pregunta sobre los caminos para avanzar hacia la construcción de comunidades que se rijan con principios éticos como justicia, equidad, horizontalidad, con apuestas políticas como el antiimperialismo, anticolonialismo, autonomía, libre determinación y con convicciones armónicas en la defensa del medio ambiente, buscando superar el individualismo e hiperconsumismo capitalistas. Sabiendo, claro está, que el actual no es un momento global de avance popular sino de resistencia ante el crecimiento de las derechas.
Es ahí, entonces, donde cobra un significado especial la pregunta sobre la comunidad. La misma no se concibe solo como una reunión de gente y un espacio geográfico sino en tanto la verdadera, quizá la única, manera de ir construyendo un poder no vertical, buscando nuevas formas de relacionamiento entre los seres humanos, donde el principio rector no sea el odioso “sálvese quien pueda” individualista sino la solidaridad de base, la confraternidad. Dicho de otro modo: ¿cómo se puede construir una democracia realmente participativa, un genuino poder popular de todas y todos? ¿Cómo se logra esa comunidad?
Pero ¿qué es exactamente el poder popular? Es el poder que emana del pueblo, pero no esa delegación simbólica, rancia, desabrida y podrida de la democracia representativa, donde cada cierto período se cumple con el rito de ir a las urnas para elegir a supuestos representantes de la voluntad popular. No, en absoluto. El poder popular es el ejercicio efectivo, a través de la organización y la participación real, de la amplia mayoría de un colectivo en la decisión de los asuntos básicos que le conciernen. El poder popular es más, infinitamente más que la atención de los problemas puntuales de una comunidad acotada, el alumbrado público o el adoquinado de un barrio, la resolución de un problema específico del transporte colectivo de un sector urbano, o la instalación del agua potable o la edificación de una escuela en una comunidad rural. El poder popular es la democracia real, directa, efectiva, participativa del pueblo soberano, no sólo para atender problemas prácticos puntuales sino para definir y controlar la implementación de políticas macro a nivel nacional, políticas públicas que tiendan, generen e incentiven la humanización de las sociedades, e incluso impulsar políticas a nivel internacional, haciendo al mismo tiempo de ejecutores y de contralores.
Para poder reflexionar sobre todo esto, con criterios claramente decoloniales y extrayendo conclusiones, AFOPADI pensó conocer de primera mano varias experiencias comunitarias, y a partir de allí, más bibliografía complementaria, iniciar un proceso de sistematización de la problemática. En ese sentido, a lo largo del segundo semestre de este año 2026, está tomando contacto con diversos colectivos en un diálogo franco y abierto. Participan allí seis comunidades: tres de Guatemala (comunidad Santa Anita, finca La Florida, Cooperativa Nuevo Horizonte) y tres de otros países (comunas de Venezuela, experiencia Zapatista, en Chiapas -México- y experiencia Marinaleda, en Sevilla -España-).
La idea central de la iniciativa es ver cómo poder construir una alternativa de poder popular distinto y superador de lo que ya existe. Es decir: ¿cómo darle forma a esa utopía de una nueva comunidad?
En el trabajo de sistematización de estas experiencias -de las que hoy se presentan las dos primeras: Santa Anita en Guatemala y movimiento comunal en Venezuela- surgen de inmediato dos dudas (quizá muchas más posteriormente):
- ¿Cómo construir comunidad y poder popular en medio de un mundo que va radicalmente en contra de eso?
- ¿Es posible el autogobierno a partir de la propia autosuficiencia financiera en este nuevo modelo de comunidad? Pregunta que se evidencia a partir de la misma experiencia de sistematización en curso: ¿podría la ONG local hacerla si no estuvieran los fondos de una organización de cooperación internacional?
Junto a estas preguntas puede decirse que hay otros interrogantes más; quizá muchos más. Plantearlos ahora es un modo de empezar a buscar respuestas a estos dilemas que convocan a todos aquellos que pensamos en un mundo de justicias y equidades, de democracia directa, como dijera un pensador decimonónico hoy día supuestamente superado: de “productores libres asociados”, donde regiría la máxima de “De cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad”.
Comunidad Santa Anita, Guatemala
La Comunidad Santa Anita se encuentra ubicada la República de Guatemala, más específicamente en la boca-costa del Océano Pacífico, en el departamento de Quetzaltenango, municipio de Colomba Costa Cuca, a 48 kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango y a 217 de la ciudad capital de Guatemala. Fue fundada por 35 familias de ex combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, concretamente de la Organización del Pueblo en Armas -ORPA-, uno de los cuatro frentes que conformaron esa coalición), la mayoría de ellas de ascendencia maya-mam, provenientes del departamento de San Marcos.
Esta comunidad surge a partir de los procesos de reinserción civil del movimiento insurgente luego de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, los cuales dieron fin a 36 años de lucha armada entre las fuerzas revolucionarias y el ejército nacional. Los miembros de esa naciente comunidad recibieron algún apoyo por parte del gobierno como parte de esos acuerdos, pero en realidad, fue muy escaso, lo que duró apenas un par de años.
Con la Fundación Guillermo Toriello -organización que nucleaba a los ex combatientes del movimiento guerrillero- gestionaron un préstamo para adquirir una finca de alrededor de 65 hectáreas. La misma fue adquirida con ese préstamo a un precio excesivamente sobrevalorado. Los dueños anteriores de esa propiedad la tenían en el abandono desde hacía largos años, una década al menos, por lo que las familias reinsertadas debieron realizar un ingente trabajo para reactivarla. En 1998 se establecieron formalmente bajo la Asociación Maya de Pequeños Agricultores Santa Anita La Unión. La comunidad originaria -hombres y mujeres que lucharon armas en mano por un mundo distinto, por un horizonte superador del capitalismo-, desde el momento de su fundación como Comunidad Santa Anita, ha intentado crear una micro sociedad alternativa, con los mismos valores de justicia y equidad por lo que, en su momento, se fueron a la montaña alzándose contra el estado de cosas. Su objetivo básico a partir de la reinserción fue transformar la “finca” en “comunidad”.
Los Acuerdos de Paz firmados por fuerzas insurgentes y gobierno, que en papel significarían la posibilidad de establecer una sociedad más justa -Guatemala es uno de los países del mundo donde las diferencias entre ricos y pobres son más notorias- han ido quedando en el olvido. Hoy se puede decir que están totalmente abandonados, son letra muerta. Las causas estructurales que pusieron en marcha la guerra civil en la década de los 60 del pasado siglo no han cambiado luego de la firma de la paz. En realidad, hoy día no existe una guerra abierta entre dos bandos movilizados y armados, pero el país lejos está de vivir en paz. Las diferencias socioeconómicas son siderales; según un informe de Bancos Suizos, menos del 1% de la población detenta casi el 60% de la riqueza nacional. Del mismo modo la tenencia de la tierra, en un país básicamente agrario, es altamente desigual: menos del 5% de grandes propietarios concentras alrededor de dos tercios de las tierras cultivables, mientras que la gran mayoría campesina (indígena en lo fundamental) apenas posee minifundios de aproximadamente una hectárea, que sirven para una magra sobrevivencia.
Al mismo tiempo, se perpetúa un racismo visceral que atraviesa toda la sociedad: los pueblos originarios, de ascendencia maya, aunque son mayoría en términos numéricos, participan muy escasamente de los beneficios sociales, con economías de subsistencia y muy exiguos niveles de desarrollo en sentido amplio: salud, educación, vivienda, acceso a tierra, desarrollo tecnológico.
Las 35 familias originarias de Santa Anita ahora ya son 54. En el camino se fueron dando interesantes avances, al mismo tiempo que fueron surgiendo nuevos problemas, que son los que constituyen el motivo de estas reflexiones. La finca adquirida es básicamente cafetalera; además de trabajar con ese cultivo, los miembros de la comunidad obtuvieron el apoyo de la Embajada de los Países Bajos, lo que permitió nuevas iniciativas. De esa cuenta, con un espíritu hondamente solidario y comunitario, se repartieron terrenos para vivienda, se trazaron calles, fueron instalados drenajes, paneles solares para la iluminación pública, y se construyó la primera escuela primaria del área. Luego fueron sumándose niveles de educación secundaria, en todos los casos abiertos a niños y jóvenes de comunidades vecinas, consolidando a Santa Anita como un ejemplo educativo y solidario, mostrando que el espíritu de confraternidad sí es posible.
Las familias originarias fueron pagando el crédito otorgado, consiguiendo que alrededor de la mitad fuera condonado finalmente. Pero también fueron apareciendo obstáculos. Al centrarse en el café como principal fuente de ingreso, tanto la aparición del hongo conocido como roya, así como la dependencia de los precios del producto fijados en bolsas de valores inaccesibles a los productores, ubicadas fuera del país, se entró en crisis con esa producción. De ahí que la comunidad marchó hacia nuevas perspectivas, y se desarrolló el ecoturismo como alternativa.
La idea central del proyecto es decolonizar lo conocido; por tanto, pasar de la ideología de finca, de propiedad privada individual, a comunidad, a propiedad comunal. Sin embargo, la experiencia muestra que eso cuesta mucho, pues implica profundas transformaciones ideológico-culturales. En esa lógica, algunos miembros de la comunidad terminaron vendiendo sus parcelas. Paradójicamente quienes venden terminan trabajando como empleados de quienes compran.
Construir esa isla de solidaridad en medio de un sistema que promueve lo contrario, se torna complicado. La comunidad ha conseguido grandes avances, pero los problemas están siempre acechando. Además de la cuestión de la generación de ingresos, hay un escollo importante: cómo trabajar con la juventud e integrarla al proyecto comunitario. Muchas y muchos jóvenes estudian, por lo que salen del espacio comunal. Conocida otra realidad, con estudios a cuesta, muchas veces ya no regresan. Hay ahí un cuello de botella. Dadas esas circunstancias ¿cómo puede crecer y ser autosostenible la comunidad, con su perfil agrario y de un incipiente ecoturismo?
Junto a ello, complicando más las cosas, se da la perspectiva de la proliferación del consumo de drogas en el entorno. Se intenta que eso no llegue al seno de Santa Anita (“poner portones para evitar las malas influencias”), por lo que se hace un trabajo de educación ideológica continua con los jóvenes. De todos modos, se torna difícil prescindir de lo que sucede por fuera de la comunidad. Se pueden establecer portones que impidan la entrada de los valores consumistas e individualistas que traen las drogas, pero hay allí una situación que, como mínimo, abre preguntas. ¿Cómo encarar y resolver eso?
Otro punto a considerar es la presencia de las religiones en el entramado social de Guatemala. Es sabido que, junto a la católica -traída por los invasores españoles hace cinco siglos-, la cosmovisión maya -que por motivos del ancestral racismo se sigue haciendo en cierta forma a escondidas (“brujería”, para la visión eurocéntrica de los conquistadores, noción todavía vigente en buena medida en el imaginario colectivo)- las iglesias neopentecostales de estas últimas décadas juegan un muy importante papel como distractores sociales. Santa Anita no es inmune a esto.
Producto de la sistematización que ahora se pretende desarrollar, todos estos problemas deben ser la materia básica a problematizar: ¿cómo construir esa comunidad alternativa?
Comunas en Venezuela, Frente Franciso de Miranda
El Frente Francisco de Miranda surgió luego del intento de golpe de Estado de 2002 perpetrado por el imperialismo yanki y sectores de la derecha nacional venezolana, rechazado por el pueblo movilizado. Se funda en Cuba por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Fidel Castro, de Cuba, constituyendo una organización social y política, creada oficialmente el 29 de junio de 2003 en La Habana, con el objetivo central de impulsar el trabajo social, la organización comunitaria y la defensa del socialismo naciente. Aparece ante la necesidad de contar con actores sólidos y muy activos para acompañar en la base los cambios que desde el Ejecutivo comienzan a darse, buscando crear un modelo alternativo al capitalismo, desmontando el Estado burgués vigente.
Una gran cantidad de jóvenes formados en Cuba en organización comunitaria y participación popular fue elemento básico para la creación de este fermento de poder popular, del que deriva el movimiento de las comunas. Como los mismos miembros del Frente dicen:
“Somos una organización juvenil mirandina, bolivariana, guevariana, antiimperialista, que forma parte de todas las Misiones que nuestro comandante [Hugo Chávez] ha creado. Estamos en cada rincón del país día a día entregando nuestra vida para lograr una sociedad más justa, de iguales, llena de solidaridad, fraternidad y entregados a la desinteresada ayuda humanitaria, sin esperar ni recibir nada a cambio, más que la prosperidad de nuestra patria”.
El Frente Francisco de Miranda funciona como instrumento para apoyar y promover el surgimiento y desarrollo territorial de las Comunas en Venezuela. Sus miembros, jóvenes bolivarianos formados políticamente, actúan como gestores sociales encargados de organizar a las comunidades, impulsar el autogobierno local y consolidar el tejido comunal, apuntando a la creación del Estado Comunal, superador del Estado burgués, que en definitiva es el Estado que defiende al capital.
Por lo pronto las comunas constituyen el espacio de articulación e integración de mayor relevancia para el ejercicio de la democracia participativa directa y, especialmente, para la inclusión y participación protagónica de los sectores populares, con miras a solidificar la construcción del socialismo.
Dichas comunas funcionan como agrupaciones de varios consejos comunales dentro de un mismo territorio para lograr el autogobierno local, la propiedad colectiva y la producción social. Constituyen una muestra del autogobierno en la base, del auténtico poder popular de la población. En otros términos: un camino a la construcción del Estado socialista, que es la meta de la Revolución Bolivariana.
Presentan una organización muy articulada, constituida por:
- Consejos comunales de base: formados al unirse varios consejos comunales de una zona vecina que comparten historia y costumbres.
- El Parlamento Comunal: que es el órgano principal de decisión, deliberación y creación de normas internas para el territorio.
- Vocerías ejecutivas: Voceros elegidos por los vecinos, encargados de ámbitos diversos como economía, alimentación, servicios, seguridad y justicia de paz.
Como se dijo, tienen como propósito fundamental la edificación del Estado Comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, en la conformación y ejercicio de la democracia de base, directa, no la representativa. Su objetivo es que el poder y la toma de decisiones recaigan directamente en las comunidades organizadas, en lugar de hacerlo a través de los gobiernos municipales, estadales o nacionales tradicionales.
Los consejos comunales son grupos de personas elegidas de un determinado territorio. Según la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, que norma su funcionamiento, se establecen a partir de entre 150 y 400 familias en zonas urbanas, alrededor de 20 familias en zonas rurales y desde 10 familias en adelante en comunidades indígenas. En el Estado Amazonas, por ejemplo, son muy numerosas las familias que se organizan en consejos comunales.
El Estado registra en estos momentos casi 5,500 comunas y circuitos comunales. Las hay más exitosas, y otras que presentan dificultades. En todas, el mecanismo de trabajo es el mismo: la comunidad presenta proyectos sobre la base de sus necesidades, y democráticamente la población elige el más beneficioso. Es la Asamblea Comunal el órgano máximo de decisión. Luego, aprobadas las iniciativas, la comunidad recibe fondos del gobierno central para la ejecución del proyecto más votado. El segundo proyecto más votado por la gente recibe fondos de la gobernación y/o de alcaldías. Todo esto está regulado por una ley nacional que fija el estatuto de los consejos comunales. En otros términos: la democracia de base no es una pura improvisación, sino que representa la columna vertebral de la nueva sociedad que se apunta a construir.
En los departamentos con mayor presencia de pueblos originarios, como en Amazonas, al sur del país (etnias yanomami, piaroa, jivi, kurripaco, yekuana, puinave, warekena, piapoco, yeral, baniwa) la organización comunitaria es ya un ejercicio de larga data. La Revolución Bolivariana vino a solidificar esos procesos, y a darle un marco de legalidad institucional. El tejido legal fortalece los procesos comunitarios, los avala, los pone en el centro del proceso de transformación que vive el país.
En el capitalismo hay básicamente una ideología y valores individualistas; con el poder popular, de base, que en los pueblos indígenas es ya cosa común, se apunta a un modelo de solidaridad comunitaria. Eso no es fácil de impulsar, porque el individualismo que forjó por décadas el sistema capitalista está muy arraigado. Esto hace que los grados de participación popular sean distintos en cada comuna, y no todo el mundo quiere/puede involucrarse.
Se fomenta la participación de todas y todos por igual, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, sin ninguna discriminación. Desde los 15 años ya se puede tomar parte de los consejos comunales, y dentro del propio territorio se trata de suplir todas las necesidades (salud, educación, infraestructura básica, producción, desarrollo cultural, recreación, etc.).
Está claro que para todo el movimiento comunal hay una fuerte vinculación con las políticas oficiales llevadas adelante por el gobierno central. Hoy esa administración está bajo fuego. El imperialismo estadounidense, sintiéndose dueño de su “patio trasero” latinoamericano, perpetró una infame intervención en territorio venezolano, secuestrando a su presidente, y forzando al actual gobierno a seguir sus lineamientos. El manejo del petróleo salió de la órbita de Caracas, y es el propio imperio quien lo maneja, contraviniendo absolutamente los más mínimos principios del derecho internacional. Luego de los dos devastadores terremotos del 24 de junio, tropas de Estados Unidos llegaron a Venezuela para, supuestamente, brindar apoyo ante la catástrofe. En realidad, se trata de una ocupación encubierta. Ante ello queda la pregunta (la incertidumbre) de hasta dónde las comunas siguen representando la posibilidad cierta de construir poder popular, una vía real hacia el socialismo, con esta invasión dentro de casa. La interrogante está en el aire. Los miembros del Frente Francisco de Miranda afirman que las comunas siguen gobernando en los territorios, y que la marcha al socialismo no se ha detenido.
Desde alguna comuna, de las más radicales de Venezuela, se dice que “El Estado Comunal es el horizonte social: hacer realidad el mandato histórico de «Comuna o Nada» significa desmontar progresivamente la lógica del Estado burgués para sustituirlo por el autogobierno de las masas, la democracia directa y la participación protagónica de la clase trabajadora y los sectores populares. «Comuna o nada» no es un eslogan, es la línea divisoria entre la transformación socialista y la capitulación frente al capital. La fuerza viva de la revolución reside en la calle, en el barrio, en el campo y en el territorio comunal. Frente a las incertidumbres en las alturas, la respuesta revolucionaria, de izquierda y antiimperialista es una sola: Todo el poder para las Comunas, la victoria es del pueblo organizado”.
Sin dudas que Venezuela hoy abre una inquietante pregunta: ¿se está construyendo y afianzando allí el poder popular? ¿Qué papel les queda a las comunas, con un país invadido por fuerzas imperialistas?
Conclusiones (provisorias. Analizadas las seis experiencias -aquí solo van dos- se tendrán las definitivas).
Básicamente estamos ante interrogantes. Por supuesto, en un mundo como el actual, donde posiciones neofascistas crecen aceleradamente, es imprescindible ver, en tanto campo popular, cómo blindarnos y oponer resistencias ante ese supremacismo racista, patriarcal, misógino y avasallante que pareciera tragarnos. Entonces:
- ¿Cómo ir más allá de la lógica capitalista? ¿Cómo construir comunidad alternativa en un mundo que ataca ese proyecto, que propicia el ultra individualismo, basado en la defensa total de la propiedad privada por fuera de la propiedad comunal?
- En Santa Anita algunos miembros del grupo, contrariando la propiedad comunal y el intento de construir redes solidarias, venden las parcelas individuales aún. ¿Cómo es posible transformar la lógica y la cultura de finca en proyecto de comunidad? ¿Hay que poner portones para protegerse del exterior? ¿Hasta dónde eso es sostenible? ¿Cómo lograr que la juventud no “escape” en busca de nuevos horizontes? Es evidente que aquí la alternativa comunitaria choca frontalmente contra un Estado que sigue siendo antipopular, de espalda a las reales necesidades de su población, solo preparado para defender a las élites y reprimir la protesta. Los miembros de esta comunidad provienen de experiencias guerrilleras, que fueron por excelencia ejemplo de construcción comunitaria; pero al establecerse en esta nueva perspectiva luego de su desmovilización, se ven constreñidos a organizarse dentro de marcos que no propician comunidad popular autosuficiente, sino siguen la lógica del Estado, con los COCODEs -Consejo Comunitario de Desarrollo-, que funcionan como obligado puente entre los vecinos y la municipalidad. Hay allí un cuello de botella difícil de evitar.
- En Venezuela es otro el perfil, es distinta la dinámica de la propuesta: allí las comunas se encuentran con un Estado que, al menos en su proyecto declarado, busca el socialismo, por lo que fomenta el poder popular, la democracia de base. Pero Estado que todavía sigue siendo el de los poderes capitalistas, con toda la estructura, la burocracia y los visos y vicios de un común y corriente Estado burgués (aparato de dominación de clase). Dos dudas surgen entonces: ¿se puede construir en profundidad una real alternativa socialista en un Estado capitalista? Y más aún: en la actual coyuntura del país caribeño, con las fuerzas norteamericanas de ocupación dentro, manejando el negocio del petróleo, ¿se puede seguir construyendo socialismo desde abajo? ¿Cómo?
- Las dos experiencias abren preguntas sobre el papel de las juventudes en la comunidad. En Santa Anita, al no haber educación universitaria, muchos jóvenes marchan a la ciudad (la capital, o Quetzaltenango) para seguir sus estudios superiores. De esa cuenta, no siempre regresan a la comunidad de base y se corta así un proceso. En las comunas de Venezuela el Estado intenta generar instituciones universitarias para que los y las jóvenes no deban abandonar su lugar de origen. Esto genera una pregunta que lleva a plantearse cómo desarrollar una formación técnico-profesional de alta calidad que efectivamente sirva a las comunidades, buscando alternativas al centralismo urbano, poniendo el énfasis en lo territorial.
- Establecidas las comunidades, la participación real de sus miembros abre preguntas: no siempre se participa desde la convicción, desde hondos valores solidarios, pensando en el bien común a largo plazo. Muchas veces -esto es una realidad innegable que abre preguntas y deberá cuestionarse- hay personas que no se sienten plenamente parte de un todo comunitario, sino que actúan en función de beneficios propios. No siempre se obra desde la convicción político-ideológica, desde los valores de la empatía y la solidaridad. Esto lleva a pensar hasta dónde puede impulsarse la genuina democracia de base en un contexto que no la propicia.
- Todo lo anterior, que indudablemente obliga a abrirnos cuestionamientos, no debe verse como problema insoluble ante el cual desfallecer, sino como desafío, como un reto que nos fuerza a ir más allá. “Los pueblos consiguen derechos cuando van por más, no cuando se adaptan a lo «posible»” (Sergio Zeta).
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