El COVID en el empleo: una perspectiva comparada

Nota

Por MATIAS LIONI(*)

Todas las dimensiones de la vida común se han visto afectadas producto de la pandemia del coronavirus. Una de las principales ha sido, sin lugar a duda, la dimensión del trabajo. Las interrupciones en las cadenas de producción tienen consecuencias en todos los países del sistema internacional, aunque de manera distinta. Lejos de las presunciones que asocian linealmente a mayores flexibilizaciones de cuarentena con menores efectos económicos, los impactos en las relaciones laborales se perciben independientemente del grado del distanciamiento social y su obligatoriedad.

Para ver esto, la comparación entre los países escandinavos puede servir de ilustración debido a que sus estructuras sociales son similares, pero el tratamiento de la pandemia se encaró con políticas disímiles. Suecia e Islandia, si bien han aplicado medidas de mayor flexibilidad en términos de movilidad urbana, han experimentado niveles de perturbación económica similares a los de Dinamarca y Noruega, que han aplicado restricciones más estrictas. ¿Cuál es el resultado de los diferentes acercamientos a la cuestión de la movilidad?  Suecia tiene el mayor número de muertes per cápita, mientras que Islandia ha utilizado una política que combina testeo masivo con cuarentena para mantener bajas las muertes a pesar de mantener abiertos los negocios y las escuelas.

Producto de que los distintos países han diseñado respuestas políticas y económicas diferentes, moldeadas por los marcos normativos vigentes de cada lugar, hay una enorme variación en las fuentes de datos que reflejan los impactos, impidiendo una clara comparación internacional con indicadores uniformes. Esto será así al menos hasta que se cubra el período de delay que las estadísticas oficiales de cada país suelen tener respecto a, por ejemplo, el mercado de trabajo. De todas formas, resulta interesante observar la información disponible y, teniendo en cuenta estas particularidades, es posible hacer ciertos análisis.

Haciendo un breve panorama de las acciones impulsadas por los gobiernos ante la crisis encontramos que el promedio de la respuesta fiscal en los países del G20 fue del 8%, sin embargo, la dispersión del monto en el conjunto de estos es alta. Sólo cinco países concentran el 81% del gasto total en paquetes fiscales entre las principales 20 economías del mundo. Entre ellos, el paquete impulsado por Estados Unidos más que cuadruplica al segundo más abultado, el japonés. Esto refleja que la capacidad fiscal de los Estados desarrollados de Europa y de EE. UU difiere muchísimo con la de México, Argentina, Brasil o Sudáfrica.

Esta desigualdad estructural se profundiza en los momentos de crisis, donde las monedas de los países en desarrollo se devalúan como consecuencia de la salida de capitales más abultada de la historia, el aumento de la volatilidad y la presión sobre sus deudas soberanas[1]. Sin dudas que este aspecto resulta primordial al momento de repensar la configuración del mundo pos-pandemia, buscando avanzar hacia uno con menores brechas de desigualdad estructural.

No obstante, un punto fundamental para tener en cuenta es la eficacia para canalizar el dinero de los paquetes hacia los segmentos poblacionales que realmente lo necesitan. Uno de los mayores desafíos al diseñar una política pública es el de poder crear los canales necesarios para llegar a la población que se busca alcanzar. Por un lado, en Estados Unidos el 14,8% de su fuerza de trabajo ha solicitado prestaciones de desempleo, un récord histórico que impacta en la vida del pueblo norteamericano y rompe las escalas de todos los gráficos. Por otro lado, en Alemania se ha experimentado un descenso en la proporción de trabajadores que han solicitado el seguro de desempleo. Esto no solo resalta el dispar diseño de sendas redes de protección social, sino también un enfoque político muy distinto a la hora de encarar un mismo problema.

En este sentido, el economista Joseph Stiglitz fue consultado por el portal “Foreign Policy” acerca de las medidas norteamericanas, sobre las que manifestó preocupación por los graves problemas que el programa puede ocasionar en la economía, principalmente debido a que los recursos no se canalizan de forma adecuada. El gobierno federal ofrece préstamos con posibilidad de condonación a cambio de no despedir trabajadores, sin embargo, no existe certeza efectiva acerca de la condonación de la deuda y los empresarios estiman “más barato” despedir, con el agravante de que los recursos no llegan hacia la población más vulnerable.

Si hablamos de volúmenes, Alemania dispuso un paquete de dinero que representa un cuarto del dispuesto por Estados Unidos, aunque en términos de PBI son similares: un 14% y un 11% respectivamente. No obstante, más allá de la magnitud de los paquetes de medidas tomadas, es crucial la calidad de estos para poder abordar la problemática de forma eficaz. La diferencia cualitativa que encontramos en el “modelo alemán” de respuesta es que las medidas tomadas por el gobierno fueron canalizadas a través del sistema existente de empleo, buscando preservar su trabajo y llegando a los hogares mediante los empleadores de los mismos. En otras palabras, se hicieron transferencias y préstamos a las empresas para que éstas no despidan, conserven la capacidad productiva de la economía y puedan afrontar el pago de salarios. Asimismo, se avanzó en una moratoria de los aportes al sistema de la seguridad social para las empresas que se encuentran más complicadas.  En cambio, el “modelo estadounidense” flexibiliza las condiciones para calificar al seguro de desempleo, lo que implica necesariamente la ruptura de una relación laboral previamente existente.

Esto no solo genera diferencias de comparabilidad para quienes buscamos estudiar la problemática casi en tiempo real, sino que, más importante aún, configuran un esquema disímil de relaciones sociales de producción a la hora de pensar en una salida de la pandemia. En este sentido, las diversas estructuras económicas y sociales son un aspecto fundamental a evaluar: las condiciones habitacionales, el grado de informalidad de la economía y la sofistificación en la producción de manufacturas tienen una gran incidencia e implica una necesidad de adaptar políticas de respuesta ante esta crisis a las características y necesidades locales.

Situación argentina

La orientación de las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández es muy similar a la que se mostró en Alemania y los países europeos en general. Argentina viene arrastrando una crisis desde abril del 2018 con el agravante de la deuda externa impagable, pesada herencia del macrismo, que profundiza la restricción externa en este momento crítico. Consecuentemente, la Argentina tiene bajo la línea de pobreza al 35,5% de su población, 8 puntos porcentuales más alta que a finales del 2015. Es imperativo en este contexto el diseño de medidas redistributivas, como el impuesto a las grandes fortunas con el fin de conseguir una fuente de financiamiento a los programas impulsados en el marco de la pandemia. Cuando se observa la situación en España, Italia, Reino Unido, Suiza, Brasil, Francia o Rusia, vemos que otros países con aún con menos restricciones financieras que el nuestro, están considerando impuestos similares.

Más allá de la contextualización sobre las especificidades de la reciente dinámica económica local, los impactos económicos de la pandemia no difieren sustancialmente con el resto de los países: las previsiones de la crisis superan ampliamente a las caídas sufridas en el 2008. La CEPAL estima la mayor caída del producto de la historia en nuestra región, el 5,3% de merma estimada encuentra solo comparaciones con los años 1914 -estallido de la primera guerra mundial- y 1930 -la gran crisis del siglo pasado-. Esta coyuntura fuera de serie amerita reacciones a la altura sin dejar de tener en cuenta las limitaciones existentes. Por ello, la asistencia brindada por el Estado Nacional es la más importante de la historia contemporánea. Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP) hoy el 89% de los hogares recibe un ingreso por parte del Estado.

Para mitigar los impactos sobre la economía, en Argentina se dictó el DNU 329/2020 que prohíbe los despidos y suspensiones sin causa justa en toda la Nación, con el objetivo primordial de preservar los puestos de trabajo y la capacidad productiva nacional. Como complemento del decreto se implementaron dos grandes programas: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El primero consta de una transferencia destinada a trabajadores informales, independientes, trabajadoras de casas particulares, y desocupados: hasta ahora alcanzó a 8 millones de personas. En definitiva, el IFE tiene como objetivo llegar a la población más vulnerable para mitigar la merma de ingresos como consecuencia de la pandemia. El segundo, ATP, tiene el objetivo de llegar a las PyMES, sus trabajadores y trabajadoras Este tipo de empresas emplean a más del 60% de la fuerza laboral del país. Hasta el momento, el 98,7% de las empresas dentro del programa tienen menos de 100 empleados. El programa consiste en un paquete de medidas para reducir el costo de las empresas que se vieron afectadas por la cuarentena: una reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales a la seguridad social, créditos a tasa cero para pequeños contribuyentes y un subsidio para el pago de salarios. Según datos de la Dirección General de Género e Igualdad del Ministerio de Economía, 420 mil empresas se anotaron para recibir este beneficio (aproximadamente el 80% del total de las PyMEs del país), de las cuales 160 mil fueron seleccionadas, alcanzando así a 1,2 millones de trabajadores, 20% de la fuerza laboral activa.

Teniendo en cuenta las particularidades de la estructura económica nacional, en la cual entre el 35 y el 40% de la economía se mueve dentro de canales informales, el complemento de ambos programas resulta necesario para un alcance masivo y efectivo de las medidas. Esta es una importante diferencia con el programa alemán y muestra la importancia de adaptar las medidas a las características locales: la economía alemana casi en su totalidad se concentra en canales formales, con lo cual la implementación de medidas mediante este tipo de relación permite llegar a la población objetivo. En cambio, en Argentina tanto la prohibición de despidos, como el programa ATP aplican sobre el sector formal de la economía, que no supera el 65% del total. Debido a que el objetivo primordial es mantener la capacidad productiva de la economía, la aplicación del IFE y de préstamos a tasa cero para monotributistas y responsables inscriptos permite tener un alcance masivo de las medidas.

Pensando en el después

La diferencia fundamental entre el enfoque de políticas europeo y argentino vis a vis el estadounidense es la búsqueda de preservar las relaciones sociales de producción existentes. Preservar las relaciones empleador-empleado es fundamental por varias razones. En primer lugar, la previsibilidad que otorga a les trabajadores acerca de la continuidad de su empleo, permitiéndoles tomar decisiones de consumo y ahorro pensando en un horizonte temporal más lejano y preservando sus beneficios de seguridad social. Segundo, los aportes que el sector de empleo formal realiza al sistema de seguridad social son fundamentales para su financiación. Tercero, la desvinculación de los trabajadores de su puesto de trabajo implica una pérdida importante de aspectos intangibles como el conocimiento de cómo realizar las tareas específicas que él o la trabajadora realiza en la empresa -conocido en la literatura técnica como “know how”-. Esto es fundamental porque a la hora de buscar ocupar estos puestos en un escenario de post pandemia, el costo del proceso de aprendizaje tanto por parte de la empresa como los esfuerzos de les empleades para aggiornarse a las tareas rutinarias es considerable.

Un último punto por destacar es que en varios países europeos de forma individual y dentro de las instituciones de la Unión Europea se está analizando la posibilidad de incrementar la participación estatal en algunas empresas de sectores clave para garantizar intereses soberanos. Esto no guarda relación con las transferencias y préstamos para mantener las relaciones laborales, sino que implica operaciones de rescate a empresas en dificultades y/o compra de activos de empresas estratégicas que se encuentran a precios históricamente bajos. Por ejemplo, el gobierno alemán y la compañía aérea Lufthansa llegaron a un acuerdo para un plan de rescate de 9 mil millones de euros que convertirá al Estado alemán en el principal accionista con un 20% del capital total.

Por el lado argentino, en algunos espacios se ha mencionado la posibilidad de replicar el accionar, por ejemplo, con empresas como Vicentín. La firma que desde hace más de 90 años se viene desarrollado en toda la cadena de valor de los agronegocios y que ha presentado la quiebra a fines del año pasado tiene al Estado Nacional como uno de los principales acreedores a través del Banco Nación. Más allá de este caso, en el cual no se ha avanzado, no ha habido otros casos conocidos en el cual se haya evaluado un rescate con participación de capital. Pero consideramos al menos oportuno realizar una evaluación exhaustiva en cada una de las cadenas de valor estratégicas en Argentina.

En definitiva, el hecho de que la pandemia actual no tenga precedentes genera un manto de incertidumbre en el cual se toman medidas sin poder utilizar experiencias anteriores como marcadores que hayan sido exitosas. Todas las sociedades y todos los Estados del mundo, tanto los subnacionales, los nacionales y los supranacionales, están analizando y llevando a cabo medidas extraordinarias. Entre todas ellas podemos vislumbrar importantes diferencias mediadas por esquemas institucionales, estructuras económicas y márgenes fiscales de acción. Ahora bien, una definición político fundamental a la hora de encarar la problemática es la búsqueda de proteger la capacidad productiva mediante la continuidad de las relaciones laborales. Sin la preservación de este aspecto tan crucial de la sociedad el camino de salida será aún más tortuoso.

(*) economista de la UBA, integrante de OCIPEX

Para más información, referir a https://ocipex.com

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